El Salvador: Crónicas de un País Donde Casi Nada Queda en Su Sitio

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Daniela Weihskopf

Un collage digital que retrata la actual represión que sufre El Salvador. El presidente Nayib Bukele ordenó el estado de excepción el 27 de marzo, un día después de un alto índice de muertes a manos de las pandillas.

Daniela Weihskopf, Reporter

Cuando mi tío esperaba su audiencia preliminar, el 27 de marzo El Salvador amaneció bajo un régimen de excepción en el que quedan suspendidas ciertas libertades civiles garantizadas en la Constitución. Desde ese día, las calles y barrios del pequeño país centroamericano son patrullados por fuerzas militares y policiales, dejando así una cadena de tragedias: El presidente Nayib Bukele y la policía con más poder, la prensa libre bajo más acoso, y el caso de la detención arbitraria de mi tío.

El 26 de marzo se registró como el día más oscuro de la historia reciente del país desde el final de la guerra civil. En forma aleatoria, un mínimo 70 personas fueron asesinadas por miembros de las maras. Por lo que, Bukele, el jefe de Estado más joven del mundo, ordenó a su Asamblea Legislativa, la cual está formada por la mayoría de su partido, decretar un estado de excepción válido por 30 días. Entonces comenzó la represión contra los salvadoreños: ahora podemos ser detenidos si los militares o la policía nos consideran sospechosos de formar parte de una pandilla. Podemos ser detenidos durante 15 días sin derecho a ver a un juez, al igual que nuestras comunicaciones pueden ser interceptadas sin orden de un juez. Más de 10,000 sospechosos de pertenecer a una pandilla fueron detenidos en pocos días, un gran número para un pequeño país de 6,5 millones de habitantes. 

Luego, el 6 de abril, con libertades reducidas para todos, llegó el turno de la prensa: Bukele ordenó a su Asamblea aprobar la ley mordaza que sanciona con entre 10 a 15 años de prisión a todo medio de comunicación que reproduzca o transmita mensajes “originados o presuntamente originados” por pandillas y que puedan generar “angustia”. 15 años en un país donde la violación se castiga con seis a diez años. 

Seis meses antes del estado de excepción, el 19 de octubre, 28 años, ayudante de albañil de cuyo nombre omitiré para protegerlo de posibles represalias, se había levantado a las seis y media de la mañana para ir a su trabajo. Luego, a las cuatro de la tarde, volvió a casa donde le dijo a mi abuela: “Mami, ya vuelvo, voy a ayudar a Kike (nombre cariñoso de otro tío mío), con las vacas, no voy a usar la moto, voy a caminar”. Sin embargo, pasó la noche y nunca volvió a casa.

“Él siempre contestaba su teléfono rápido”, me dijo la novia de mi tío a través de una llamada telefónica, recordando los detalles de ese día. “Pero ese día, cuando traté de llamarlo, la operadora respondió, no pude contactarlo, me quedé despierta toda la noche preocupada, preguntándome dónde estaría”. 

 Al día siguiente, dado que mi familia vive en un pequeño pueblo donde todos se conocen, un testigo informó a mi familia que después de que mi tío salió de un restaurante local, los policías lo detuvieron y le dijeron que levantara las manos, luego comenzaron a golpearlo y se lo llevaron inconsciente en su carro de policía. Después de que mi familia se enteró de esto, rápidamente fueron al departamento de policía de Chalatenango para averiguar si lo que decía el testigo era cierto. Aunque la delegación no les dio mucha información, descubrieron que fue arrestado por una gran “posesión ilícita” y por ser pandillero. Mi familia, incluyéndome a mí, quedamos confundidos, solo preguntándonos por qué le estaban acusando de estar vinculado a una pandilla.

Cuando mi familia llegó a casa vieron una publicación reciente en Facebook la cual contenía una foto de mi tío. Él estaba inconsciente en una cama de hospital con signos visibles de golpes en el pecho. En la misma publicación, también había una foto policial de otro hombre rondando la misma edad que mi tío. La captura de la publicación decía “Pandilleros arrestados con grandes cantidades de drogas”. Cuando mi familia vio que supuestamente habían detenido a mi tío junto con otra persona, nos cuestionamos aún más, preguntándonos por qué el testigo no había mencionado al otro hombre con el que supuestamente habían detenido a mi tío. 

El 25 de octubre, mi tío tuvo su audiencia inicial, en la que el juez reunió todas las “pruebas” que presentó la fiscalía para mostrarle al juez que tienen pruebas suficientes para condenar a mi tío. En la breve audiencia, mi familia conoció los cargos exactos de los que se le acusaba a mi tío y lo que sucedió cuando fue arrestado. El informe oficial de la policía dice:

“Agentes de la Policía Nacional Civil realizaban un patrullaje preventivo a las 7 de la noche, cuando de repente observaron que una motocicleta con dos pasajeros, al notar la presencia policial, hizo un movimiento brusco para escapar. Los agentes los persiguieron, pero los capturaron rápidamente. El conductor de la motocicleta fue atrapado primero, luego el segundo (mi tío) fue atrapado después de que se cayera de un techo al que se había subido, luego lo llevaron al hospital porque no se encontraba bien y ya no podía caminar. La mochila que transportaba el conductor fue encontrada con una gran cantidad de marihuana en su interior, por lo que se les imputa por tráfico ilícito y por ser miembros activos de una pandilla”. 

Aunque el abogado habló con mi tío durante 5 minutos y escuchó su versión: “que no era cierto lo que dijo la policía”, no daba muchas esperanzas de que mi tío pudiera salir de las acusaciones en su contra. Pero mi familia no se quedó con los brazos cruzados, tenían en mente lo que el testigo había dicho; nos preguntamos quién mentía o quién decía la verdad.   

“Aquí fue donde nuestra propia investigación comenzó”, dijo mi tía Ana, una vendedora de ropa de 32 años. “No podíamos quedarnos sentados con los brazos cruzados, sentíamos que algo raro estaba pasando y teníamos que hacer algo”.

Primero empezaron con el testigo que les había contado lo que le había pasado a mi tío, pero se negó a declarar por miedo a las autoridades. Luego fueron a la calle donde supuestamente habían arrestado a mi tío y notaron que una pequeña tienda tenía cámaras. Mi familia pidió audazmente el video de ese martes y lo obtuvieron exitosamente. Cuándo vieron la cinta, descubrieron que el hombre, que supuestamente había sido atrapado con mi tío, fue arrestado cuando compraba una bebida en esa tienda y nunca se echó a correr, y la presencia de mi tío nunca se vio en la cinta. 

Luego, con la ayuda de una trabajadora social, pudieron obtener el informe médico de mi tío del día que fue hospitalizado. En resumen, el informe decía: 

“Paciente de nombre… Fue llevado a las 7:30 pm a la sala de emergencias por policías, quienes informaron a los médicos que estaban en un patrullaje de rutina cuando vieron al paciente en una actitud sospechosa, por lo que trataron interceptarlo y él se dio a la fuga. En el momento de la persecución, el paciente sufrió una caída desde un techo, con lo cual perdió el conocimiento y presentó convulsiones, siendo así trasladado al hospital. Cuando el paciente fue recibido por los médicos, estaba inconsciente, con espuma en la boca, con nistagmo bilateral, y enrojecimiento en el pecho… Cuando el paciente recuperó el conocimiento, les dijo a los médicos que ”la policía lo había golpeado y lo querían matar, que lo querían acusar de llevar un paquete que no le pertenecía, y que no había sufrido ningún tipo de caída’”.

Después de reunir toda esta evidencia, mi familia rápidamente se la entregó al abogado de mi tío. Al analizar las pruebas, vio que todo estaba distorsionado, preguntándose por qué la policía había contado una versión diferente de los hechos en el hospital. Por lo que concluyó que tal vez se tratase de un caso de detención arbitraria.

Para argumentar y presentar estas pruebas, tuvieron que esperar a la audiencia preliminar de mi tío programada para el 25 de febrero. Pero, cuando finalmente llegó el día de la audiencia, esta nunca se llevó a cabo porque fue cancelada en último momento. En cambio, se reprogramó para el 28 de abril, un día después de mi cumpleaños número 21, y 3 después que el estado de excepción se prorrogará por otros 30 días. 

Luego, el 24 de abril, a petición, nuevamente de Bukele, la Asamblea prorrogó el régimen de excepción por otros 30 días. En total, al menos 24.000 personas han sido detenidas. Todas estas medidas han despertado las alarmas a los grupos de derechos humanos, dicen que es uno de los últimos ejemplos del impulso de Bukele para consolidar rápidamente poder.

“Toda esta restricción de derechos que ha habido está siendo justificada, o la quieren basar en la lucha contra las pandillas”, dijo Abraham Abrego, director del programa de litigio estratégico de Cristosal, una organización no gubernamental de El Salvador. “Pero en realidad hay una acumulación de poder, una restricción, o limitación de derechos, porque lo que hemos visto son detenciones masivas sin órdenes judiciales, policías interviniendo en hogares sin órdenes judiciales. Ha habido trato degradantes como torturas a las personas por parte de las autoridades, algo que no está integrado bajo el régimen de excepción. Esto demuestra abuso de poder y una clara práctica de violaciones a los derechos humanos. También se apunta a aquellos que el gobierno de Bukele considera adversarios o como actores que están revelando información que él no quiere que se divulgue. Entonces esto convierte a los periodistas y organizaciones de derechos humanos que están grabando o presentando denuncias en objetivos”. 

Aunque mi familia y yo estábamos preocupados de que la audiencia de mi tío fuera cancelada por el régimen de excepción, cuando llegó el 28 de abril, la audiencia no fue cancelada. Pero tampoco hubo veredicto, solo el hecho adicional de que su última audiencia está programada para el 1 de junio, en la que declarará el policía que arrestó a mi tío, y se mostrarán las pruebas que mi familia le entregó al abogado, ya que no fueron aceptadas en la pasada audiencia. A pesar de esto, mi familia estaba feliz de poder verlo finalmente, aunque fuera desde una gran distancia. También pudo conocer a su hija de dos meses y gritar:

“Los quiero mucho a todos”.

“Parecía que no podía caminar, como si lo hubiera golpeado”, dijo mi tía Ana, con los ojos llorosos mientras hablábamos por facetime. “Cuando llegamos a la audiencia, la policía nos dijo que le compramos comida porque hacía dos días que no comía debido al régimen de excepción”.

El futuro veredicto del caso de mi tío, así como el de este régimen, ha quedado en la incertidumbre: 

“Si llegan al 27 de mayo, cuando vence la prórroga, y quieren seguir normalizando este régimen”, dijo Abrego, “prácticamente estaría totalmente rompiendo todo el marco de la constitución”.